Han pasado más de cuatro meses desde que venció el contrato entre el colegio Inca Garcilaso de la Vega y la empresa JMJ Reyes S.A.C., y su auditorio (teatrín) sigue sin poder recuperarse. La compañía no solo se niega a desalojar el espacio: exige que el colegio le pague más de 200 mil soles en mejoras antes de entregarlo, mientras vecinos denuncian que ya lo tendría alquilado a terceros con miras a instalar un megamercado. El caso está judicializado en el Tercer Juzgado Civil (expediente N.° 02071-2025-0-1001-JR-CI-03) y deja sin auditorio a cientos de estudiantes.
El director del colegio, Herminio Rojas Zavaleta, confirmó que JMJ Reyes S.A.C. continúa ocupando el auditorio pese a que el contrato terminó en abril. «Ha terminado su contrato […] Entonces, ahorita no sale», señaló, y responsabilizó a contratos «mal hechos» de administraciones previas.
El Poder Judicial propuso una conciliación, pero el colegio no está obligado a aceptarla. «Si hay una deuda de más de 200 mil soles, pues ojalá haya buena voluntad», advirtió Rojas Zavaleta, quien remarcó que la ocupación afecta actividades culturales y deportivas, y redujo los ingresos que antes generaba el alquiler del espacio.
El procurador adicional del Cusco, Jimmy Villavicencio Cano, explicó que el año pasado se logró recuperar la piscina del colegio, pero un intento posterior por recuperar el auditorio fue frenado cuando un abogado de JMJ Reyes se presentó en el lugar. La empresa respondió con una demanda constitucional y, en octubre, un interdicto de retener sobre el predio; en julio apeló ante el Tribunal Constitucional. «Mientras el proceso judicial no concluya, no sería posible ejecutar una nueva recuperación extrajudicial», indicó
Una comerciante de la zona, madre de familia del colegio, denunció que un hombre identificado como Jaime le habría dicho que compró la piscina y el auditorio por unos 200 mil soles y planea instalar un megamercado. «En la noche entran y salen, sigue trabajando también adentro», relató. El director del colegio relativizó la versión y recordó que el predio es un bien del Estado, inalienable.
Este medio intentó comunicarse con el representante de JMJ Reyes S.A.C., Jaime Reyes Ramos, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. El caso sigue pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional.
