La problemática del botadero de Haquira se ha convertido en una herida abierta para la gestión ambiental en el Cusco, transformándose en un desafío que trasciende lo técnico para entrar de lleno en lo social. A pesar de que la saturación del recinto es un hecho constatado desde hace años, la búsqueda de un nuevo espacio para el relleno sanitario sigue estancada en la fase de negociaciones y trámites administrativos. Esta parálisis no solo pone en riesgo la salud pública de las zonas aledañas por la acumulación de lixiviados y la emanación de gases, sino que también revela una falta de continuidad en las políticas municipales que ha impedido concretar la compra de un terreno apto que cumpla con los estándares del Ministerio del Ambiente.
En este contexto, la postura del exalcalde de Ccorca, Lucio Huamán, cobra especial relevancia al poner el foco sobre el factor humano, a menudo ignorado en la planificación de grandes infraestructuras. La experiencia histórica en la región demuestra que la sola identificación de un predio con condiciones técnicas ideales no garantiza el éxito del proyecto; por el contrario, la imposición de decisiones de forma vertical suele desencadenar conflictos socioambientales que terminan por paralizar cualquier avance. Por ello, se enfatiza que las autoridades actuales deben priorizar la construcción de puentes de confianza con las comunidades potencialmente receptoras, evitando que el anuncio de un nuevo sitio sea percibido como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo bajo un modelo de gestión responsable.
Finalmente, el proceso de sensibilización y la obtención de la licencia social se presentan como los únicos caminos viables para romper el ciclo de rechazo ciudadano que ha marcado intentos previos. Mientras no se logre un consenso genuino, la ciudad del Cusco seguirá dependiendo de un botadero que ha superado con creces su vida útil, operando bajo declaratorias de emergencia que solo sirven como paliativos temporales. La labor política, por tanto, debe centrarse en demostrar con transparencia los beneficios del nuevo proyecto y asegurar que la disposición final de los residuos sólidos no signifique simplemente «trasladar el problema de lugar», sino implementar una solución tecnológica moderna que respete el entorno y la dignidad de las poblaciones rurales.
