El Consejo Regional del Cusco ha tomado la determinación formal de citar al gobernador Werner Salcedo y al procurador público regional para que rindan cuentas ante el pleno. Esta medida surge como respuesta directa al reciente revés judicial sufrido en el caso del hotel Sanctuary Lodge, tras la pérdida del Laudo Arbitral que favoreció a la actual operadora. Los legisladores regionales buscan una explicación detallada sobre las estrategias legales empleadas, cuestionando por qué la defensa de los intereses del Cusco no resultó efectiva en una disputa que involucra a uno de los activos turísticos más rentables de la región.
En medio de este escenario, la consejera Luz Marina Casafranca ha manifestado una postura crítica respecto a los siguientes pasos que debería tomar el Ejecutivo regional. La legisladora advirtió que insistir en una apelación o prolongar la batalla en la vía judicial podría resultar contraproducente para la región. Según su análisis, este tipo de medidas legales suelen generar dilaciones que terminan beneficiando exclusivamente a la empresa concesionaria actual, permitiéndole mantener la administración del hotel por más tiempo bajo condiciones que el Consejo busca cambiar.
En lugar de continuar con el litigio, la propuesta que se evalúa desde el legislativo regional es priorizar la preparación de una nueva licitación que sea transparente y competitiva. El objetivo principal de las autoridades cusqueñas es evitar más demoras innecesarias y asegurar que el control del hotel retorne a manos del Estado o se adjudique bajo nuevos términos que maximicen los beneficios económicos para el Cusco. De esta manera, se busca cerrar un capítulo de incertidumbre jurídica y garantizar que la explotación del servicio turístico en las inmediaciones de Machupicchu responda a los intereses de la población local.
