La provincia de Chumbivilcas ha emprendido una medida de lucha de gran escala como respuesta directa a lo que consideran un abandono sistemático por parte del Gobierno Central. El detonante principal de esta protesta es el incumplimiento de los acuerdos establecidos previamente en una mesa técnica, los cuales estaban destinados a asegurar el financiamiento de proyectos fundamentales para el desarrollo de la zona.
Las autoridades locales, dirigentes y la ciudadanía organizada han condicionado el cese de las medidas a la presencia inmediata de ministros del Ejecutivo en la región. La denuncia se centra en una contradicción histórica: a pesar de que Chumbivilcas es un pilar de la economía nacional debido a su importante actividad minera, la población carece de servicios básicos esenciales como el acceso a agua potable de calidad, una infraestructura hospitalaria moderna y una red de carreteras debidamente asfaltadas.
Existe un clima de tensión creciente, ya que la población ha advertido que las protestas se radicalizarán en caso de que el Estado mantenga su postura de ignorar sus demandas. El sentimiento generalizado es de injusticia, pues consideran que, tras años de aportar cuantiosas riquezas al país, la provincia continúa postergada, esperando una atención digna y la ejecución de las obras públicas que por derecho les corresponden.
