EXIGEN PARALIZACIÓN DE MINERA CRESPO TRAS DENUNCIAS DE DESTRUCCIÓN DE GLACIARES

La diputada cusqueña Analí Márquez Huanca solicitó formalmente detener de inmediato todas las operaciones del proyecto minero Crespo, situado en la comunidad de Ccollpa Kjasiahui, en el distrito de Llusco, basó este requerimiento urgente en las crecientes denuncias socioambientales presentadas por los pobladores de la provincia de Chumbivilcas.
Según detalló la parlamentaria, las inspecciones técnicas evidencian que las excavaciones y movimientos de tierra de la empresa están provocando la destrucción directa de cuerpos de hielo fósil y permafrost en el nevado Apu Curasma; y afirmó que la minera debe paralizar sus labores mientras no garantice un respeto absoluto al medio ambiente, ya que estas reservas hídricas congeladas son vitales para la supervivencia de las comunidades y no pueden seguir siendo fragilizadas.
Por su parte, los dirigentes de la provincia de Chumbivilcas respaldaron la alerta argumentando que las operaciones se ejecutan sobre cabeceras de cuenca sumamente sensibles, los representantes indígenas enfatizaron que el proyecto pone en riesgo inminente el abastecimiento de agua del río Santo Tomás, afectando directamente los recursos esenciales para la agricultura, la ganadería y el consumo de miles de ciudadanos de la región.
En contraposición, a través de sus pronunciamientos corporativos previos, la compañía minera Crespo S.A.C. desestimó los cuestionamientos asegurando que el glaciar más cercano se localiza a 12 kilómetros del perímetro de intervención directa, según el comunicado oficial de la empresa, ellos sostienen de manera tajante que cumplen de forma estricta con todas las obligaciones de su Estudio de Impacto Ambiental, negando que exista evidencia de contaminación hídrica o afectación real en el área.
Ante este escenario de confrontación, la diputada exigió la intervención de emergencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para auditar el verdadero estado de la zona. El objetivo prioritario de este llamado a las autoridades reguladoras es evaluar con rigor técnico el impacto de la actividad extractiva sobre la cordillera de Huanzo, con el fin de determinar las responsabilidades legales correspondientes y frenar el deterioro ecológico denunciado.