Un personero político fue sentenciado a cuatro años de prisión por sustraer 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Arequipa. Sin embargo, al no registrar antecedentes penales y tras admitir su responsabilidad, la condena fue convertida en 208 jornadas de servicio comunitario y el pago de una reparación civil de S/ 2.000 a favor de la ONPE.
La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, luego de que el acusado se acogiera al mecanismo de terminación anticipada y reconociera haber cometido el delito de atentado contra el derecho de sufragio.
Los hechos ocurrieron en la institución educativa Mario Vargas Llosa, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, donde el representante partidario aprovechó su condición de personero para retirar material electoral una vez culminado el proceso de escrutinio.
Las investigaciones determinaron que las 261 cédulas fueron sustraídas después de haber sido contabilizadas oficialmente, por lo que el incidente no alteró los resultados de la jornada electoral ni afectó el cómputo final de votos. De acuerdo con la tesis fiscal, el acusado habría actuado aprovechando un momento de descuido del personal electoral. Tras retirar las cédulas del aula de votación, se dirigió a su domicilio para ocultarlas y posteriormente regresó al local electoral con la intención de desvincularse de los hechos.
“Esta persona estaba en calidad de personero y, en un acto de descuido del personal de la ONPE y del JNE, quedó sola y sustrajo las cédulas”, señaló el representante del Ministerio Público durante la audiencia.
La captura del investigado se produjo la noche del domingo 7 de junio, alrededor de las 10:40 p. m., luego de que las autoridades reunieran elementos suficientes para vincularlo con la desaparición del material electoral. Aunque el caso no tuvo repercusión en los resultados de la elección, las autoridades judiciales remarcaron que se trata de una conducta que atenta contra la transparencia y la confianza en los procesos democráticos, razón por la cual fue sancionada conforme a la legislación vigente.
