La Fiscalía investiga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presunta contaminación ambiental y delitos contra la seguridad y la salud, a raíz de la deflagración registrada en marzo en Megantoni, Cusco, donde 35 personas fueron atendidas por problemas de salud. Meses después, la investigación fiscal permanece sin avances, mientras desde Cusco se exige esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y se solicita la intervención del Congreso.
El pasado 1 de marzo, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, se produjo una fuga de gas seguida de una deflagración en el gasoducto del sistema Camisea. El incidente no solo provocó el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima, sino que también generó preocupación por sus posibles efectos en la salud de la población y el ambiente.
Tras el hecho, pobladores de la comunidad de Alto Saringabeni reportaron diversos síntomas, entre ellos dolor y ardor en los ojos, irritación en la piel, problemas digestivos y dolores de cabeza. Frente a estas afectaciones, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que 35 personas fueron atendidas por problemas de salud relacionados con el incidente.
En este contexto, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental inició una investigación contra Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa operadora del gasoducto de Camisea, por la presunta comisión de delitos vinculados con la contaminación ambiental y la exposición de la población a riesgos para su seguridad. Lamentablemente la investigación fiscal no avanza. Es decir, se encuentra congelada mientras varias familias sufren las consecuencias.
Una fuga de gas en la amazonía cusqueña no puede ser reducida a una falla técnica que se controla, se informa y luego se archiva en algún expediente administrativo. Cuando una infraestructura energética atraviesa ecosistemas sensibles y territorios donde viven comunidades, cualquier incidente debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias.
