Los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) mantienen de forma activa su huelga nacional indefinida en las 24 regiones del país para exigir mejoras salariales urgentes y denunciar el abandono institucional en el que desempeñan sus funciones. La medida de fuerza, adoptada por el personal administrativo y el cuerpo de inspectores, responde al estancamiento de sus condiciones económicas, operando actualmente solo con piquetes de servicios mínimos para emergencias críticas.
El principal eje de la protesta se centra en el congelamiento de sus remuneraciones, ya que los manifestantes denuncian que llevan doce años percibiendo los mismos sueldos sin haber recibido reajustes equitativos frente al incremento del costo de vida, así como una preocupante falta de herramientas de trabajo y equipos informáticos idóneos, lo que limita la capacidad operativa del personal al momento de realizar las constataciones en los centros de trabajo. Aunque el gremio cuenta con informes técnicos favorables de la propia Sunafil y del Ministerio de Trabajo (MTPE), las negociaciones siguen entrampadas debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no emite el decreto supremo indispensable para validar la nueva escala salarial.
La situación más crítica que motivó la radicalización de esta medida se localiza en la provincia constitucional del Callao, donde cuarenta y dos inspectores laborales acumulan más de cien días sin percibir sus sueldos regulares de forma consecutiva; esta falta de pago sistemática ha sido calificada por los sindicatos como una vulneración directa a los derechos fundamentales de los propios fiscalizadores, quienes paradójicamente tienen la misión de sancionar este tipo de faltas en el sector privado. Trascendió que el MEF puso sobre la mesa una propuesta inicial de nivelación equivalente al 20%, sin embargo, el gremio la calificó como insuficiente para cerrar la brecha del 60% que perciben respecto a fiscalizadores de otras entidades estatales.
El impacto de la huelga indefinida ya se empieza a sentir a nivel nacional, provocando el retraso y la paralización de cientos de inspecciones programadas en empresas de diversos sectores comerciales del país. Distintos gremios laborales y ciudadanos advierten que esta situación deja en la indefensión a miles de trabajadores que se encuentran a la espera de que la autoridad verifique denuncias por despidos arbitrarios, informalidad y maltrato laboral.
Para solucionar este conflicto y levantar la medida de fuerza, los huelguistas exigen la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para lo cual ya se ha agendado una reunión formal con carácter de urgencia en la sede del MTPE. Las agrupaciones sindicales enfatizan que la solución no solo pasa por cancelar de forma inmediata los sueldos devengados en el Callao, sino por inyectar un presupuesto real que reestructure la escala salarial y garantice la logística necesaria para la fiscalización en el Perú. El sindicato ha advertido que las movilizaciones continuarán con fuerza en las calles hasta que se formalice un acuerdo legal definitivo.
